Imperial Yachts y su fundador nacido en Moscú, Evgeniy Kochman, han prosperado aceleradamente satisfaciendo los deseos de sus clientes de poseer enormes barcos de lujo.
Para un ciudadano ruso con cientos de millones de dólares para gastar, la compañía de Kochman se encarga de todo: supervisa la construcción, contrata a la tripulación, administra las operaciones diarias del barco y se ocupa de la renta, de venderlo, de cambiar su bandera o transferirlo de urgencia si el yate corre peligro de ser incautado. Otra empresa, también dirigida por el Sr. Kochman y que también está bajo sanción, BLD Management, presta un servicio similar para villas de lujo en la costa del Mediterráneo.
Kochman, de 41 años, se inició en el negocio de los yates en Rusia en 2001, un año después de que Putin asumiera el poder, vendiendo yates fabricados en Italia. Rusia había atravesado una década de agitación después del colapso de la Unión Soviética, y muchos de los oligarcas de hoy aún tenían que acumular sus miles de millones. Pero Kochman, que entonces tenía solo 20 años, tenía muchos millonarios a los que cortejar.
Cuando algunos rusos bien conectados se unieron a las filas de las personas más ricas del mundo y comenzaron a comprar villas en las rivieras francesa e italiana, Kochman se mudó a Mónaco. En lugar de vender meros yates, a menudo fabricados en una línea de producción, Kochman y su hermana, Julia Stewart, ingresaron al mundo de los superyates; embarcaciones hechas a medida en general de más de 150. “Crecemos con nuestros clientes como padres con bebés”, dijo en 2016 en una de las pocas entrevistas que Kochman ha concedido.
El ascenso de Imperial Yachts ha beneficiado a una serie de empresas en toda Europa, incluidos los constructores navales alemanes, los carpinteros italianos, las firmas francesas de diseño de interiores y los puertos deportivos en todo el mediterráneo, que en conjunto emplean a miles de personas. Imperial Yachts está en el centro de lo que es esencialmente un complejo industrial oligárquico, que supervisa el flujo de miles de millones de dólares de rusos políticamente conectados a esa red de empresas, según entrevistas, documentos judiciales e informes de inteligencia de los organismos de seguridad y justicia de Estados Unidos.
La presencia de ciudadanos Rusos, en posesión de una docena de pasaportes de distintos países, diseminados por el mundo no es una novedad. Es un fenómeno que lleva tres décadas y que ha ido creciendo a medida que más y más ciudadanos rusos vinculados al poder se enriquecían velozmente como consecuencia de negociados con un gobierno corrupto y violento. El mundo los bautizó como Oligarcas Rusos. Basta recorrer las marinas del Mediterráneo, los aeropuertos privados de todo Europa, o simplemente caminar por las calles de Sunny Isles en Miami para toparse con ellos.
Tanto Europa, como Estados Unidos, llevan muchos años aceptando el dinero ruso mal habido sin hacer demasiadas preguntas sobre su origen. Una compleja red de compañías fantasma, y triangulaciones bancarias en paraísos fiscales pretenden “limpiar” miles de millones de dólares antes de ser destinados a la compra de bienes de superlujo.
Esta relajada supervisión de la procedencia de fondos distribuidos por ciudadanos rusos por el mundo se terminó con la invasión de Rusia a Ucrania. Con el avance de las acciones militares rusas Estados Unidos armó un grupo de trabajo, llamado KleptoCapture, con la intención de interrumpir la maquinaria de guerra rusa al perseguir los activos de los oligarcas vinculados a Putin. Después de algunas redadas e incautaciones de alto perfil, las autoridades estadounidenses se están enfocando en la red de facilitadores que trabajan fuera de Rusia. Investigadores del F.B.I., el Tesoro y varias agencias de inteligencia están reuniendo pruebas que muestran que empresas e individuos ayudaron a sabiendas a rusos bajo sanciones, cuya riqueza provenía de la corrupción, haciéndolos vulnerables a los cargos estadounidenses.
Andrew Adams, un fiscal federal que dirige el grupo de trabajo, dijo en una entrevista que “apuntar a las personas que se ganan la vida proporcionando un medio para el lavado de dinero es una prioridad clave”.
Imperial Yachts y BLD ahora están bajo el escrutinio del gobierno de Estados Unidos. En la búsqueda de los facilitadores, los investigadores estadounidenses y europeos se han enfrentado a una estructura de propiedad deliberadamente confusa que involucra cadenas de compañías ficticias que se extienden desde las Islas Marshall hasta Suiza.
El gobierno de Estados Unidos está librando una batalla judicial para incautar el superyate AMADEA. Los documentos obtenidos del Amadea por funcionarios estadounidenses muestran el papel que desempeña Imperial Yachts en la gestión de compra, y transferencia de activos de ciudadanos rusos enormemente ricos vinculados a la corrupción.
Junto con el Amadea, Imperial Yachts supervisó la construcción del Scheherazade, un superyate de 700 millones de dólares que, según funcionarios estadounidenses, está relacionado con Putin, y el Crescent, que la policía española cree que es propiedad de Igor Sechin, presidente de la empresa estatal gigante petrolero Rosneft. Misma suerte corre el Super Yate Flying Fox.
Una evaluación secreta de la inteligencia de EE. UU. concluyó que el dinero para construir los barcos provino de un grupo de inversionistas encabezado por Gennady Timchenko, hombre de confianza de Putin y uno de los hombres más ricos de Rusia, quien, al igual que Sechin, ha estado bajo sanciones de EE. UU. desde 2014. Timchenko y sus socios diseñaron el Scheherazade como un regalo para el uso de Putin, según la investigación. Juntos, los tres barcos pueden haber costado hasta 1.600 millones de dólares.
Simon Clark, abogado de Imperial Yachts, dijo que la compañía “no tiene conocimiento de ninguna conexión entre nuestro negocio y el Sr. Timchenko. Sin embargo, estamos en el negocio de la construcción de yates; no estamos involucrados en los asuntos financieros de nuestros clientes”. El Sr. Clark agregó que la compañía «nunca ha realizado negocios ni ha brindado servicios a ninguna de las partes sujetas a sanciones internacionales».
Pero los funcionarios estadounidenses no creen en tales explicaciones. Elizabeth Rosenberg, Subsecretaria del Tesoro para el Financiamiento del Terrorismo en el Departamento del Tesoro, dijo que era responsabilidad de las personas en la industria de servicios de yates evitar hacer negocios con personas bajo sanciones.
En una declaración jurada, Timothy J. Bergen, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones, dijo que Imperial Yachts, a la que hace referencia como la “Compañía A” en su declaración jurada, “tiene la práctica recurrente de ocultar la propiedad de los yates detrás de compañías ficticias anidadas” y usar testaferros como el Sr. Khudainatov “para ocultar los verdaderos dueños de los yates”.
Hoy, Imperial Yachts parece no estar activa, por lo menos de forma visible. En su página web solo puede leerse un comunicado de la compañía que afirma:
“Como todos los líderes en nuestro negocio, hemos pasado por un período reciente en el que la industria de los yates ha sido objeto de consultas por parte de algunas autoridades, pero en los últimos meses, Imperial Yachts ha sido blanco de numerosas acusaciones infundadas e inexactas luego de eventos que no están relacionados a esta empresa familiar y sus servicios.
Estos hechos culminaron hoy con el anuncio de sanciones a nuestra empresa por parte del gobierno de los Estados Unidos. Las acusaciones que nos hace el gobierno de los Estados Unidos y la prensa son falsas. Buscaremos todos los recursos legales disponibles para resolver este asunto de inmediato. Imperial Yachts lleva a cabo todos sus negocios en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos en todas las jurisdicciones en las que operamos. No nos involucramos en los asuntos financieros de nuestros clientes.”
